Comunicado del MIA-Pinto ante la propuesta del Gobierno Zapatero de reforma del Sistema Nacional de Pensiones.

 
El Movimiento de Izquierda Alternativa de Pinto (MIA-Pinto), quiere mostrar su más absoluto rechazo ante la propuesta del gobierno Zapatero que defiende la elevación obligatoria de  la edad de jubilación de 65 a 67 años, y la ampliación del período de cotización  para el cálculo de la cuantía de las pensiones.

Bajo el pretendidamente neutral  eufemismo de “reformas necesarias”, se pretende llevar a cabo un brutal ataque que culminaría con la práctica destrucción de un sistema como el español,  basado en la idea de una prestación pública y universal, construido entorno a un mecanismo de reparto (en el que la generación que trabaja paga las pensiones de la generación que se jubila), y fundamentado en principios de solidaridad. Este brutal ataque pretende modificarlo y convertirlo en un sistema privatizado y construido entorno a mecanismos de capitalización (en el que cada uno cobra lo que cotizó anteriormente).

Resulta de un extraordinario cinismo  que el presidente Zapatero se reafirme, una y otra vez, en la voluntad de no llevar a cabo recortes sociales, al mismo tiempo que, con la otra mano, procede a la demolición del sistema público de pensiones. Toda esta operación se lleva a cabo desde la asunción de la veracidad de la profecía neoliberal de la inevitable quiebra del sistema público de prestaciones. Este profecía  viene siendo formulada, de modo cíclico, desde hace ya más de treinta años.

La profecía sobre el colapso del sistema público de pensiones viene, además, formulada sobre una serie de errores y manipulaciones interesadas. En primer lugar,  se hace una equivocada lectura sobre el aumento del dato de la esperanza de vida y se obvia el hecho de que el aumento en el tiempo de vida es variable según la pertenencia a una clase social u otra. Así, podemos afirmar que retrasar la edad de jubilación es una medida que perjudica a las clases trabajadoras y beneficia a las clases con rentas más altas que viven más años. En segundo lugar, se utiliza de modo alarmista el argumento del aumento desproporcionado de porcentaje del PIB gastado en pensiones. En esta cuestión se oculta el continuo aumento de la productividad que incrementaría notablemente el PIB.  Para finalizar, todo esto es aderezado con  proyecciones demográficas muy aventuradas que aseguran un rápido envejecimiento de la población.

Todo parece indicar que un gobierno que pretende ser el adalid de los derechos sociales, está, en realidad, más preocupado por la supuesta insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones que por el bienestar de los pensionistas, ya que se vislumbra muy poco interés por asegurar unas pensiones, siquiera mínimas, y, mucho menos, suficientes para que se pueda llevar una vida digna en la vejez. A esto le debemos sumar  el ataque despiadado a los colectivos más desfavorecidos, por medio de las reducciones en las prestaciones por incapacidad, viudedad u orfandad.

Debemos de romper, también, con los dogmas según los cuáles la economía sólo nos ofrece un camino y no está sujeta a decisiones políticas. Los criterios de solidaridad y de justicia social deben marcar todas las actuaciones y medidas políticas de una gobierno que pretenda representar a la izquierda social y política. Para empezar, es necesario desmontar el argumento de que el sistema público es insostenible y de que estamos al borde de su quiebra financiera. En definitiva, la aseveración según la cuál  más temprano que tarde no se podrán seguir pagando las pensiones. Esta afirmación no constituye más que una interesada falacia.

Resulta muy revelador que se cuestione el futuro del sistema público y, sin embargo, no se haga lo mismo con el sistema privado que se ha ido construyendo en paralelo. Debemos recordar que la crisis ha provocado, también, una pérdida importante en el patrimonio de los fondos de pensiones, mientras que la Seguridad Social ha conseguido un superávit de 8500 millones de euros en 2009, y cuenta con un fondo de reserva, que va en continuo aumento, de 62.200 millones de euros.

Es también muy significativo que desde la puesta en marcha del Pacto de Toledo, supuesto garante de futuro del sistema público de pensiones, el patrimonio del fondo de la Seguridad Social se haya multiplicado por ocho y, en cambio, el sistema haya endurecido los requisitos para el acceso a una pensión y, se pretenda ahora, endurecerlos aún más y recortar la cuantía misma de las prestaciones. Habría que señalar, además, que desde el año 1995, año de la creación del Pacto de Toledo, el gasto en pensiones contributivas en relación con el PIB se ha reducido de un 8,3% hasta un 7,8% en 2008.

Parece que los datos indican que el engaño al que se nos quiere someter es evidente. Si todo esto no fuera suficiente, bastaría con ver quiénes son los principales defensores de esta medida; los presidentes de las grandes entidades bancarias, Banco de Santander o BBVA, por ejemplo,  y el “Capitán de capitanes”,  el “ejemplar empresario” y líder carismático de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.  Estos personajes son los defensores de esta reforma, ni más ni menos, porqué serían los grandes beneficiados de ella.

El centro de esta operación llevada a cabo por el gobierno es ese precisamente, crear un estado de incertidumbre y de pánico con respecto al sistema público de pensiones y obligar así, a los trabajadores que se lo puedan permitir, a acudir al sistema privado de planes de pensiones. De ese modo, se refinancia de tapadillo a los bancos, y se intenta revertir el limitado éxito que han tenido esos planes en nuestro país. Parece muy claro que se han dado cuenta, que un sistema público sólido y fiable no favorece el entusiasmo por  el gran proyecto de expansión y de aumento de beneficios de la banca privada  que constituyen los planes de pensiones. No estaría de más, al respecto de esta cuestión, plantearnos un interesante pregunta: ¿Quién financia a los grandes partidos políticos?.

Y todo este desproporcionado ataque contra los trabajadores y los más desfavorecidos lo efectúa un  gobierno que se autodenomina socialista y obrero.  Un gobierno que ya ha transferido centenares de millones de euros a la Banca y a la industria automovilística, que apuesta por la precariedad como modo natural de trabajo y de vida, que cuenta ya con cerca de cinco millones de desempleados y con más de un millón de familias con todos sus miembros en el paro, que reduce cada vez más los impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios empresariales, que mantiene un fraude fiscal calculado en 130.000 millones de euros, y un largo etcétera.

Frente a todo esto debemos apostar por la movilización y una respuesta colectiva y unitaria que impida el recorte de derechos adquiridos a lo largo de años y años de luchas y sacrificios. Tenemos que desenmascarar  al neoliberalismo y acabar con mitos como el de la autofinanciación de la Seguridad Social. Si, en algún momento, no hay dinero suficiente en las arcas de la Seguridad Social, el Estado deberá garantizar el cobro de las prestaciones por jubilación acudiendo al recorte de otras partidas para su pago. Que la Seguridad Social sea una suerte de compartimiento estanco sin relación ni posibilidad de financiación del Estado por otros medios es una gran mentira. No sería nada malo que nos planteásemos algunas preguntas de profundo calado político: ¿Si el Estado acude al salvamento de la Banca privada con recursos financieros, porqué no puede hacerlo con las pensiones o con la Seguridad Social? ¿Debe la Seguridad Social tener superávit? ¿Es más seguro un sistema privado de pensiones sujeto al vaivén bursátil o un sistema público con la garantía de los fondos estatales? ¿No son los bancos los que administran los fondos de la Seguridad Social?

Las propuestas desde la izquierda deben siempre tener claro que la crisis no la han generado los trabajadores y las trabajadoras, y que no deben de ser ellos y ellas los que paguen sus consecuencias.  Deben tener claro, también, que el sistema de pensiones públicas es viable y que si se quiere reforzar su sostenibilidad, es necesario plantear medidas de reparto de la riqueza y freno a la explotación, desarrollar un modelo económico al servicio de las necesidades sociales y con mayor protagonismo de lo público y del control social.

Conseguir articular resistencias con el objetivo de derrotar “el pensionazo”, y la nueva reforma laboral que va a tratar de sacar adelante este gobierno, debe constituirse en la clave de las luchas impulsadas desde la izquierda para el próximo período. Este enfrentamiento es crucial para calibrar si existe la posibilidad de organizar un nuevo movimiento obrero y sindical, independiente y reivindicativo, y para ser capaces de ir construyendo alternativas y puntos de encuentro que vayan fraguando en un proceso de refundación de la izquierda que  haga salir a esta de la insignificancia y la irrelevancia política. Los trabajadores no nos podemos permitir más derrotas, y hay algo que nos podemos permitir aún menos, abandonar el campo sin presentar batalla. Como dice, a menudo, el italiano Paolo Ferrero, Secretario General de Refundación Comunista. Se acabó la retirada.

Pinto, 09 de febrero de 2.010